Por el Mtro. Héctor Ruíz
Amnistía Internacional insta a las autoridades federales y estatales de México a implementar de forma inmediata todas las medidas necesarias para cumplir con las nuevas sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México en materia de violencia contra mujeres indígenas.
Yes hora de garantizar la verdad, justicia y reparación para Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos mujeres indígenas víctimas de violación sexual por parte de soldados del ejército mexicano en el municipio de Ayutla, estado de Guerrero, en 2002.
Las dos sentencias de la Corte son claras en reconocer una serie de graves violaciones de derechos humanos contra ambas mujeres y sus familiares que han resultado, entre otras cosas, en impunidad por los responsables y el hostigamiento de las mujeres y las organizaciones que han apoyado a las mujeres en su lucha por la justicia.
Desde 2002 el Estado se ha negado a reconocer que las dos mujeres sufrieron la violación sexual. Sin embargo, las decisiones de la Corte en ambos casos son contundentes en señalar que las mujeres sufrieron la violación sexual por parte de soldados. La Corte también es clara en señalar las graves deficiencias en la atención a las víctimas y la falta de una investigación eficaz.
La Corte critica la actitud del Estado y establece una serie de medidas obligatorias para reabrir la investigación penal en la justicia ordinaria, investigar a los funcionarios que obstaculizaron las investigaciones, fortalecer los procedimientos para investigar la violencia sexual, mejorar la atención médica de las víctimas directas y brindar reparación tanto a ellas como a los familiares afectados y a la comunidad.
La Corte reiteró en las sentencias la obligación de México - todavía no cumplida - de terminar con la aplicación de la justicia militar en la investigación y procesamiento de miembros del ejército en casos de violaciones de derechos humanos. La Corte Interamericana ya estableció la obligación de reformar el Código de Justicia Militar para lograr este fin en su sentencia de noviembre de 2009 en el caso Radilla Pacheco. La Corte también reiteró la obligación de los jueces mexicanos de garantizar que sus decisiones sean conformes con la jurisprudencia interamericana.
De nuevo, el compromiso de México de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos está bajo la lupa. En menos de un año, la Corte Interamericana ha emitido cuatro sentencias contra México en casos de graves violaciones de derechos humanos e impunidad. Las medidas tomadas para implementar estas sentencias - de cumplimiento obligatorio para las autoridades - han sido muy limitadas hasta ahora.
Amnistía Internacional urge su acatamiento pleno y efectivo. La organización se mantendrá alerta ante la actitud que adopte el Estado mexicano.
Antecedentes
Las sentencias emitidas por la Corte Interamericana en los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú concluyen que el Estado es responsable por una serie de violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
Amnistía Internacional ha seguido los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú
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