Chetumal, Q. Roo, 23 de enero de 2017, La Diputada
Independiente del Congreso de Quintan Roo, Laura Beristain, pidió a la
población estar atenta a las acciones del Presidente Enrique Peña Nieto y de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, toda vez que pretenden, antes de
diciembre del presente año, aprobar una nueva Ley General de Aguas que
permitirá la privatización del vital líquido y su uso en el fracking.
Laura Beristain invita
a la población a estar informada sobre el tema, ya que esta Ley traerá graves
consecuencias al medio ambiente, a la salud y a la economía familiar.
El fracking o fractura
hidráulica es el método para extraer hidrocarburos de lutitas (también
denominado shale), es decir, petróleo y gas natural atrapados en los poros de
formaciones rocosas, y que requieren esta técnica de perforación, fracturando la roca con la inyección de una
mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión que fuerza el
flujo y salida de los hidrocarburos de los poros.
Laura Beristain señaló
que la fractura hidráulica tiene graves consecuencias socio ambiental. El
principal impacto es la disminución de disponibilidad del agua (la fractura de un pozo requiere entre 9 y 29
millones de litros de agua, lo que equivale al volumen de agua necesario para
cubrir el consumo doméstico de entre 1.8 y 7.2 millones de personas en un año).
Además, se genera la contaminación de las fuentes de agua (se utilizan
alrededor de 750 tipos diferentes de productos químicos en los fluidos de
fracturación, entre ellos sustancias de gran toxicidad como el metanol,
benceno, tolueno, etilbenceno y xileno; y el
agua de desecho retorna no sólo con los químicos y la arena que
originalmente se introdujeron, sino también metales pesados, hidrocarburos e
incluso materiales radioactivos, como el radón, que se encuentran en el
subsuelo. A la fecha, no existe tratamiento efectivo para la misma, dejando el
agua inutilizable para otros usos y fuera del ciclo hidrológico.
El fracking genera
severos daños a la salud: los expertos indican que al menos 25% de las
sustancias utilizadas en las distintas mezclas de perforación pueden causar
cáncer y mutaciones, 37% afectar al sistema endocrino, 40% provocar alergias y
50% dañar el sistema nervioso.
Tras la fallida
"Ley Korenfeld” de 2015, Peña Nieto y la Cámara de Diputados retoman el
tema de privatizar el agua en todo el país. Esta es una tendencia que se viene
dando en los diferentes estados del país, ya sucedió en Quintana Roo en el 2014
por órdenes y actos de corrupción de Roberto Borge; y en la Ciudad de México en
noviembre del año pasado la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de
Sustentabilidad Hídrica impulsada por Mancera que da pie a la privatización del
agua.
"El derecho al
agua está garantizado en el artículo 4 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y el Estado es garante de esa disposición. Aun así, el
Gobierno Federal presentó esta Ley General de Aguas con la finalidad de
entregarle al sector privado la distribución del líquido, lo cual no
significará un buen servicio y sí una previsible y desmedida alza en las
tarifas, como ya lo vivimos en Cancún, Isla Mujeres y Playa del Carmen. La
propuesta de Peña Nieto va a contracorriente de lo que ocurre en el mundo,
donde las principales ciudades europeas y sudamericanas han vuelto el servicio
hidráulico a manos del sector público ante el fracaso de este modelo
privatizador impulsado por el neoliberalismo, la voracidad de corporaciones
transnacionales y de gobiernos corruptos", expresó la diputada Laura
Beristain.
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