Tras la protesta cibernética mundial y los apagones de varios populares sitios web, la polémica ley SOPA contra la piratería en Internet parece haberse quedado fría... aunque sigue en la nevera. El senador republicano, Lamar Smith, el autor del proyecto, retiró la propuesta del Congreso estadounidense... para volver a discutirlo más tarde.
"He oído hablar a los críticos y tomé en serio sus preocupaciones con respecto a la legislación propuesta para resolver el problema de la piratería en línea", dijo Smith en un comunicado, en el que promete "revisar el enfoque sobre la mejor manera de abordar el problema de los ladrones extranjeros que roban y venden creaciones estadounidenses y su productos".
Asimismo, Smith subrayó que el Comité seguirá trabajando con los propietarios de los derechos de autor, las compañías de Internet, y las instituciones financieras para desarrollar propuestas que ayuden a resolver el problema y discutirlas en febrero.
La decisión de Smith estuvo precedida por el anuncio del Senado, que ha pospuesto otra variante de la iniciativa antipiratería, PIPA (Ley de Protección de Propiedad Intelectual).
Se ha ganado una batalla, pero no la guerra
La noticia sobre la suspensión de las iniciativas SOPA y PIPA desató la euforia en las redes sociales, sobre todo en Twitter con el tema #SOPAisDead (SOPA ha muerto), donde internautas de distintas partes del mundo festejaban el logro.
Sin embargo, el grupo de piratas informáticos Anonymous celebró la 'congelación' de la SOPA de manera bien distinta. Después de hackear algunos sitios estadounidenses -como la página del FBI, de la Casa Blanca y del Departamento de Justicia entre otras- hicieron una demostración de fuerza y revelaron datos personales del director del FBI, Robert Muller, y de su familia, nombres, direcciones y correos electrónicos en particular, como parte de su "Operación Represalia" tras el cierre de la página de descargas Megaupload por las autoridades policiales de la Unión Americana.
A pesar de esta victoria momentánea, los internautas saben que la lucha está lejos de terminar. "Una pequeña batalla se ha ganado con la muerte de SOPA, pero la guerra acaba de empezar. PIPA y ACTA aún están vivos", aclararon en Twitter.
En octubre pasado EE. UU., Canadá, Australia, Marruecos, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Singapur y Japón firmaron el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación o ACTA que apunta contra los delitos contra los derechos de autor y el robo de marcas comerciales.
¿Inmunidad antipiratería o trampa para inocentes?
Los partidarios de las controvertidas SOPA y PIPA no sólo abogan por la defensa de los derechos de la propiedad intelectual, sino que también prometen que los ingresos derivados de la ley se destinarán a la innovación.
Asimismo, esgrimen que la ley ampara a los consumidores, evitando que adquieran imitaciones de servicios o productos, como medicinas, que podrían ser perjudiciales. Los responsables de la iniciativa afirman, además, que los usuarios de Internet no se verán afectados directamente, ya que los proyectos de ley van dirigidos a los sitios, a sus dueños y promotores.
Pero al otro lado de la mesa, donde se encuentra una aplastante mayoría de la humanidad, los internautas, las cosas se ven bien distintas. "SOPA nos convierte a todos en potenciales criminales", dijo Mitchell Baker, presidenta de Mozilla, ya que -explica- la iniciativa no castigaría directamente a la tienda online que alquila determinadas películas pirata, sino que pretende dificultar el camino para llegar hasta ella.
Según comentó a RT Trevor Timm, de la Fundación de la Frontera Electrónica (EFF), lo que plantea la SOPA es una amplia inmunidad para los proveedores de servicios de Internet, que podrían bloquear sitios web en cualquier país y capturar a los usuarios inocentes.
En este mismo sentido, el vicedecano del colegio de periodistas cubano-americanos, Eladio José Armesto, dice que la ley establece castigos demasiado amplios. "O sea, el proyecto abarca a muchas individuos y muchas entidades que no deben de estar siendo castigadas y que van a resultar multadas".
Los opositores también creen que la ley limitaría la libre expresión y que crearía oportunidades para el abuso de poder. "Con SOPA, la Red no sería la democracia virtual y abierta que es hoy. Entraríamos en una era de censura global", denunció el presidente del capítulo Internet Society en Costa Rica, Carlos Watson.
Según varios expertos, en ese caso la Red se volvería más lenta, imprecisa y poco fiable.
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