POLICIA RECIBIENDO MORDIDA EN TULUM

ESTO ES EL PAN DE CADA DÍA PARA LOS CONDUCTORES QUE SON EXTORSIONADOS POR LOS ELEMENTOS DE TRANSITO, Y ESTE HECHO SE DA EN TODOS LADOS YA SEA EN OPERATIVOS DE DÍA Y DE NOCHE, (A LO DESCARADO)

FISCALES CIUDADANOS Y PERIODISTAS INDEPENDIENTES

Más allá de elegir en una papeleta a un gobernante o legislador cada tres o seis años, la democracia requiere de la participación constante de los ciudadanos que en estos momentos están exigiendo por varios medios que se fiscalice a la administración saliente y se impongan penas –cárcel y juicio político- a los responsables de que la deuda pública de Quintana Roo haya aumentado casi mil por ciento en los últimos 12 años.

La exigencia es, por la transición en el poder, coyuntural, pero debería sostenerse más allá del cambio de gobierno o de un sexenio, para impedir que el abuso de autoridad y el desvío de recursos se repita, así como la supeditación al Ejecutivo de los poderes Legislativo y Judicial que, por lo mismo, son cómplices de los despojos y el desfalco atribuido al gobierno.

En esta coyuntura ha surgido una propuesta que podría sostener la participación y fiscalización ciudadana si es que el órgano -Observatorio Legislativo de Quintana Roo- presentado recientemente, se conduce desde afuera y más allá de los tiempos políticos.

La iniciativa, encabezada por organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial, la Confederación Patronal de la República Mexicana y la Asociación de Plazas Comerciales, busca transparentar y difundir la información legislativa desde lo más simple, como conocer quiénes son los legisladores, qué hacen y cómo trabajan, hasta la fiscalización de iniciativas, dictámenes y presupuestos que, aunque existe una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, casi nunca se publican. En concreto, su fin es la rendición de cuentas.

Por ejemplo, según el Informe Legislativo 2016 elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el presupuesto anual del Congreso de Quintana Roo fue en este año de 340 millones de pesos, 37 millones más que el de los congresos de Yucatán (132 millones) y Campeche (171 millones) juntos.

El presupuesto anual por cada diputado es, según la misma fuente, de casi 14 mil millones de pesos, mientras en transparencia el Congreso de Quintana Roo resultó reprobado al no hacer pública la información relativa a remuneración bruta y neta, prestaciones, aguinaldos, gastos de representación, viáticos, total de plazas, prestadores de servicios por honorarios, jubilados y pensionados, gastos en órganos, comisiones y grupos parlamentarios, así como en comunicación social o medios de comunicación.

Esa información tendría, por ley, que ser pública, pero ante el incumplimiento de quienes se encargan, paradójicamente, de legislar, la ciudadanía tiene que ser participativa; no sólo conocer el nombre o desempeño de sus representantes o exigir cuentas al final de cada mandato, sino sostener una fiscalización permanente en la elaboración y aprobación de leyes, en la rendición de cuentas y en la aplicación del dinero público.

La opacidad en este nivel nos afecta colectivamente. En estos días, precisamente, se cumple un año de que el Congreso aprobara la Ley de Protección a Periodistas, de la que el gremio se enteró –por terceros- un día antes de que fuera presentada en supuestos foros de consulta y, aun, sin que se hubiera difundido previamente en el portal de la XIV Legislatura. Finalmente, la ley fue invalidada hace unas semanas por la Corte. Esa ley había sido impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos que determinó que el decreto violentaba los derechos a la información, la libertad de expresión, la no discriminación y la seguridad jurídica. Por tanto, no era una ley que afectara exclusivamente a las personas que ejercemos el periodismo, aunque los reporteros y corresponsales de Cancún lucharon, aún en medio del hostigamiento y la represión, para que fuera impugnada.

Vale entonces recordar, a un año de aquel decreto, la posición de reporteros y corresponsales que fue difundida, en su momento, sólo por dos medios locales, uno regional y la mayoría de medios nacionales:

Diputados de la XIV Legislatura de Quintana Roo:

Nosotros, reporteros de los principales medios impresos y electrónicos de Cancún, decidimos manifestar nuestra posición sobre la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y proponer, con base en este análisis, los mecanismos de protección para ejercer nuestro trabajo.

Consideramos que:

La iniciativa de ley que ingresó al Congreso el gobernador Roberto Borge, es sólo un reflejo de la situación en la que actualmente ejercemos el periodismo en Quintana Roo y, por lo mismo, la XIV Legislatura estaría legalizando, con su aprobación, el control piramidal que el Poder Ejecutivo ejerce en esta entidad sobre los demás poderes incluido, en nuestro caso, el llamado “cuarto poder” que, en la práctica, debería ser el eje que equilibra la balanza entre el poder (político) y la sociedad civil, lo cual implica proteger también los derechos de la audiencia.

En primer lugar este proyecto de ley, en su artículo 3, fracción VI, determina a la libertad de expresión como “prerrogativa” y no como derecho humano. Eso significa –además de un atraso político de décadas en nuestro estado- que el Ejecutivo estará facultado, por decreto, a conceder como un favor la libertad de expresión, pues al no considerarla como un derecho niega que sea inherente a toda persona y de antemano, evade cumplir con sus obligaciones de protección y garantía de la libertad de expresión.

Nuestra propuesta es que se modifique este artículo en los términos que marca el artículo 1 de la Constitución Mexicana, pues es la base que sostiene cualquier iniciativa enfocada a proteger el ejercicio del periodismo.

También proponemos, con base en nuestra experiencia diaria como reporteros, que se incluya un artículo referente a una de las situaciones que vulneran en Quintana Roo nuestros derechos, garantías y seguridad profesional y personal: los ataques, intimidación, amenazas y campañas de desprestigio que la mayoría de las veces están dirigidas contra nuestra persona o familiares.

En este sentido, solicitamos al Congreso de Quintana Roo que legisle a fin de que se les prohíba a las autoridades estatales realizar manifestaciones públicas para atacar y amedrentar a periodistas y, en general, a ciudadanos. El hostigamiento mediático realizado por funcionarios públicos de ninguna manera está protegido por el derecho a la libertad de expresión; por el contrario, es considerado un mecanismo para disuadir a cualquier persona que emita una crítica al gobierno.

Como base legal, la Corte Interamericana de Derecho Humanos ha determinado claramente que las autoridades en ejercicio de la libertad de expresión, se encuentran de igual forma sometidas a ciertas limitaciones y deben hacerlo con una diligencia aún mayor que la debida a cualquier persona, en razón de su posición como autoridad.

Sería conveniente que el Congreso de Quintana Roo determinara, en estos casos, procedimientos de protección, denuncia, juicios y sanciones jurídicas, incluso la cárcel, contra las personas que cometan estos ataques hacia periodistas que, en la mayoría los casos, son críticos al gobierno. De otra forma, esta ley será una simulación.

Consideramos también que:

En el Capítulo V de esta iniciativa de ley, se tergiversa y oficializa el Secreto Profesional en el ejercicio del periodismo, cuando se dictamina que: “las personas Periodistas deberán abstenerse de proporcionar información que reciban, conozcan o tengan en su poder y que sea considerada de carácter reservada como lo establece el Artículo 21 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la citada Entidad Federativa”.

En el artículo 21 de la Constitución estatal se establecen los principios y bases para que una información sea pública o reservada temporalmente, pero sólo cuando está en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo estatal o municipal. Por tanto, esta iniciativa de ley nos considera, a los periodistas, como parte de la estructura de gobierno violando, tácitamente, la libertad de expresión al tergiversar el Secreto Profesional que en el ejercicio del periodismo significa el derecho del periodista a reservarse la identidad de sus fuentes; a que no se le requieran datos o hechos que no hayan sido publicados y que formen parte de las investigaciones periodísticas; y a que no sea objeto de inspección o aseguramiento de su equipo, notas, registros o archivos personales o profesionales que busquen identificar las mismas fuentes.

Asimismo, en el artículo 12 se tergiversa la Cláusula de Conciencia en el ejercicio periodístico, y se restringe a la supuesta libertad del periodista para renunciar a su empleo cuando no esté de acuerdo, en términos éticos, con el manejo de la información y se niegue a poner su firma o colaborar en la transmisión de hechos o declaraciones alteradas por el propio medio. Esta Cláusula, que en México como en otros países defiende la libertad de pensamiento y el código de ética del periodista, omite el derecho de los reporteros a que su libertad de expresión o ideológica y sus principios éticos no deben ser sancionados ni motivo de despidos que, en estos casos, serían injustificados. Este proyecto de ley, sin embargo, sencillamente nos decreta que renunciemos, y ni siquiera determina la obligación de las empresas a una justa indemnización.

De igual forma, en los artículos 13 al 16 la citada iniciativa de ley vuelve a restringir la labor de los periodistas, al establecer disposiciones para la acreditación a fin de acceder a actos e instalaciones públicas, dejándola a la discrecionalidad y arbitrio de las autoridades del mismo gobierno que determinarán también quién es o no periodista en esta entidad.

Primero, los programas de acreditación pueden constituir una fuente de abuso por parte de las autoridades, pues éstas podrían negarla a periodistas que, por ejemplo, sigan una línea crítica al gobierno, restringiendo el derecho a la libertad de información.

Consideramos, por tanto, que el procedimiento de acreditación podría ser susceptible de injerencias políticas, y ser una restricción de los derechos establecidos en los artículos 6 de la Constitución Federal, así como en el 13 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Segundo, en esta iniciativa se determina que el Estado impulsará, en conjunto con “organismos civiles de periodistas debidamente reconocidos”, la celebración de convenios de colaboración para la “profesionalización” de periodistas. Nuestra preocupación es en el término de “debidamente reconocidos”, pues como en el tema de la acreditación se establece aquí una condicionante donde el gobierno se erige como censor para otorgar el “debido reconocimiento” a determinadas asociaciones u organizaciones sociales de periodistas.

Esto genera un amplio margen de discrecionalidad y arbitrariedad por parte de las autoridades de Quintana Roo al momento de determinar quién debe estar o no reconocido, y sobre todo pondría en riesgo o en duda la independencia de las mismas organizaciones cuya naturaleza debe ser precisamente de carácter civil, no gubernamental, y fungir como contrapesos al poder estatal.

SANGRAN A SALUD

Un ‘influyente’ funcionario menor sería la punta de la madeja de la grave corrupción que merma a la Secretaría, denuncian

Raúl Rolando Aguilar Laguardia, director administrativo en Sesa, es señalado por asignar millonarios contratos a empresas que operaría a través de amigos y prestanombres

CHETUMAL, MX.- La falta de control en la Secretaría de Salud por parte de Juan Lorenzo Ortegón Pacheco tiene convertida a esta dependencia en un nido de corrupción que está sangrando sus preciados recursos mediante contratos millonarios asignados a empresas bajo sospecha de estar vinculadas a un funcionario encargado de administrar el presupuesto, con la supuesta protección de personajes de primer nivel de Gobierno.

Juan Lorenzo Ortegón Pacheco, secretario de Salud. ¿Omisión o comisión? En efecto, protegido por altos funcionarios del primer nivel de la estructura de Gobierno, el director administrativo de la Secretaría de Salud (SESA), Raúl Rolando Aguilar Laguardia, ha utilizado su función en esta importante dependencia estatal para realizar jugosos negocios en lo oscurito, y podría ser responsable de desviar más de 100 millones de recursos públicos, de acuerdo con denuncias de trabajadores de esa dependencia.

Según estas versiones, cotejadas con evidencias documentales, el desmedido enriquecimiento que ha logrado este funcionario en el tiempo que lleva como director administrativo de la SESA no corresponde a su salario, pues de acuerdo al tabulador salarial 2013 estaría percibiendo un máximo de 27 mil 291 pesos mensuales, cantidad ridícula en comparación con lo que se estaría embolsando con el manejo de las licitaciones de la dependencia, su principal negocio.

Por ejemplo, se acusó que Raúl Aguilar Laguardia (hermano del magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Mario Aguilar Laguardia, y cuñado de la subsecretaria de Cultura, Lilian Villanueva, también beneficiados ampliamente desde la anterior administración hasta la actual) otorga a discreción millonarias licitaciones de la Secretaría a su cargo, muchas de las cuales benefician a empresas que son de su propiedad, pero que maneja a través de amigos prestanombres.

Las fuentes precisan que entre esos amigos se encuentra el ex futbolista profesional Juan Parra Castro, su hermano, Luis Alberto “Chino” Parra Castro y Dominga Adriana Aguilera Torres, los que han creado empresas asociados con Aguilar Laguardia para proveer a la SESA desde servicios de coffee break, papelería y cómputo, hasta uniformes y material médico.

Estas empresas creadas con el propósito único de sangrar los recursos de la Secretaría se adjudican de manera directa la mayor parte de las licitaciones de la dependencia; el resto, se ven obligados a pagar hasta un 20 por ciento del valor del contrato en dinero en efectivo para ser considerados como proveedores.

Raúl Rolando Aguilar Laguardia, director administrivo en Sesa.Raúl Rolando Aguilar Laguardia, director administrivo en Sesa.Las cantidades erogadas por la Secretaría de Salud en esas licitaciones son enormes. Por ejemplo, en la licitación EA923009999-N18-2012, a través de la que se adquirían insecticidas para el combate al dengue se pagó un monto de 70 millones de pesos, aunque trabajadores del área aseguran que nunca recibieron el material químico.

Otra licitación adjudicada a favor de la empresa “Cuatro del Golfo S.A. de C.V.” fue por la creación de un sistema de generación de tableros de control de indicadores claves de todos los procesos financieros y fiscales de la SESA, trabajo por el que se erogaron 149 millones 616 mil 800 pesos.

La licitación EA923009999-N35-2012, la cual se extendió para la adquisición de un sistema de sondeo de servidores y otros servicios informáticas, fue por un monto de 68 millones 889 mil 998 pesos con 80 centavos, a la empresa Insersa Servicios Integrales, presumiblemente otra de las que maneja el director administrativo.

Por el suministro de servidores de cómputo SESA pagó 76 millones 40 mil 749 pesos a otra empresa, mientras que por el diseño de otro sistema, en este caso para gestionar y controlar tarjetas de salud, lanzó otra licitación por 84 millones 560 mil 520 pesos en favor de la empresa Beco Peninsular.

En total, en estas cinco licitaciones que a simple vista presentan precios estratosféricos, muy por encima de los precios comunes en el mercado, la Secretaría de Salud realizó una inversión por 446 millones 108 mil 68 pesos; en todos los casos, fue Raúl Rolando Aguilar el que operó para otorgar los millonarios contratos a quienes él quiso favorecer.

Uno de los proveedores por excelencia de la Secretaría de Salud es justamente el ex futbolista de los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Juan Parra, quien surte la ropa hospitalaria, uniformes administrativos y la ropa del personal de vectores a través de licitaciones que directamente le entrega Raúl Aguilar Laguardia, con quien tiene una íntima amistad.

A decir de los trabajadores de la SESA, Juan Parra tiene derecho de picaporte en la oficina del Director Administrativo, y se mueve en la dependencia como pez en el agua.

Pero la cosa no queda allí, ya que Raúl Aguilar Laguardia, fanático del futbol, ha llenado la nómina de la Secretaría con jugadores locales a los cuales tiene asignados en puestos bien remunerados, aunque no cuenten con el perfil para realizar el trabajo.

No son pocos las “estrellas” futbolísticas del patio que laboran en SESA; entre ellos está Raúl Mézquita Mayora, con el puesto de Subdirector de Recursos Materiales; Jorge Uc Angulo, jefe del departamento de tesorería; Rodolfo Velázquez Paz, empleado que maneja a placer el departamento de licitaciones a pesar de no ser el jefe; Javier Alcocer Betancourt, jefe de informática y sistemas aunque no tiene el perfil profesional para esa posición, y muchos otros que trabajan con plazas menores, la mayoría en el departamento de Servicios Generales.

Todos los nombrados forman parte del poderoso equipo de la Auditoría Superior, multicampeón de la liga local, y todos amigos y protegidos por Raúl Rolando Aguilar Laguardia.

Los trabajadores denunciaron que no es creíble que Aguilar Laguardia opere millonarios contratos a la sombra con total impunidad y en solitario, es decir, pidieron se abra una investigación que ponga al descubierto la red de complicidades y de protección que llega hasta funcionarios de primer nivel en el Gobierno.

En el caso del secretario Juan Ortegón Pacheco, señalaron que es claro que sabe de las irregularidades en las que incurre Aguilar Laguardia, pero dijeron que sólo habría dos razones para que lo tolere y es que, o es cómplice en la asignación irregular de millonarios contratos a empresas afines, o se lo impusieron desde lo más alto y no tiene otra opción que hacerse de la vista gorda.

Como dato, los denunciantes recordaron que desde noviembre del 2009 ya eran conocidos los lujos de Raúl Rolando Aguilar Laguardia, ya que en esa fecha, a pesar de ser un funcionario de nivel medio, era propietario de un yate, situación que quedó al descubierto cuando salió a pasear con familiares y tuvo que ser rescatado por elementos de la Armada cuando encalló en el Canal de Zaragoza, en la zona sur de Quintana Roo. (Noticaribe)

PADRES DE FAMILIA SE VEN OBLIGADOS A PAGAR RECIBOS DE LUZ

Por cada alumno tienen que aportar una cuota de 30 pesos, para poder saldar la deuda.

15/07/2016 05:08 / Centro, Tabasco

A partir de este año, la escuela primaria Gregorio Méndez Magaña inició con el pago de suministro de energía eléctrica, por el que cada alumno debe aportar 30 pesos, o bien se realizan ‘kermés’ para cubrir los ocho mil pesos que en promedio se liquida en cada período.

 En entrevista, la madre de familia del plantel, María Delfina Jarquín Orozco, explicó que hasta el momento no se han acercado a la Secretaría de Educación para preguntar sobre el motivo por el que les están llegando los recibos de luz; “ahí quien ha dado las vueltas es el director, nosotros únicamente hacemos las aportaciones”, dijo.

 Incluso, para hacer el pago de recibo por ocho mil 490 pesos, con número de servicio 742110500129 y con fecha de 20 de marzo, “los padres de familia hicimos una cooperación y kermés, donde se eligió a la mamá del año, y de ahí se recaudó para pagar el recibo, cada uno de los nueve grupos dio mil pesos”.

 La madre de familia refirió que a los padres de familia les llama la atención que a partir de este ciclo escolar les estén obligando a pagar los recibos de luz, “antes no nos llegaba, no sabemos ahora que pasó, sin embargo, para evitar que nos corten el suministro y nuestros hijos se queden sin aire acon- dicionado, pues nosotros accedimos”.

 Cabe destacar que el recibo por un monto de ocho mil 490 pesos es expedido a nombre de la escuela primaria Gregorio Méndez Magaña, con clave 24DPR2070M, con dirección en fraccionamiento Tercer Milenio, Macultepec, entre SM3 y SM5, además especifica como información importante: “Corte a partir del 21 de marzo de 2016, aviso-recibo informativo.

METEN DIPUTADOS REVERSA

Convocan a cuarto periodo extraordinario en el Congreso de QR para ‘remendar’ parte del ‘paquete de impunidad’ de Borge

CHETUMAL, MX.- La Diputación Permanente del Congreso del Estado de Quintana Roo, ha convocado a un cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones para el próximo martes 26 de julio, con el objetivo de dar trámite a diversos asuntos, algunos de ellos derivados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En la Sesión de la Diputación Permanente, encabezada por la diputada Judith Rodríguez Villanueva, se dio lectura a la convocatoria del cuarto periodo extraordinario dirigida a todos los integrantes de la Décimo Cuarta Legislatura.

De acuerdo con la convocatoria, los asuntos a tratar en el Cuarto Periodo Extraordinario de Sesiones son: una iniciativa de reformas y derogaciones a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley Reglamentaria de los artículos 104 y 105 de la Constitución local, presentadas por el gobernador Roberto Borge Angulo.

Tras el inicio por parte del gobierno federal de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la aprobación por parte del Congreso de parte del llamado ‘paquete de impunidad’ de Borge, el Gobernador anunció que daría marcha atrás a la creación del Tribunal de Justicia Administrativa y promovería la renuncia de los tres magistrados ya nombrados por los diputados de Quintana Roo.

De acuerdo con un comunicado de prensa del Congreso, durante el nuevo periodo extraordinario también se someterá a aprobación del Pleno Legislativo el nombramiento del nuevo titular de la Dirección de Apoyo Jurídico del Poder Legislativo, así como el acuerdo para conformar el Comité de Transparencia del Poder Legislativo.

En este sentido, las diputadas y diputados del Congreso del Estado han sido convocados a una sesión previa el día lunes 25 de julio a las 19:00 horas en el recinto oficial del Poder Legislativo, para elegir a los integrantes de la Mesa Directiva del periodo extraordinario, que se instalará el día martes 26 de julio a las 9 de la mañana.

A la sesión de la Diputación Permanente asistieron las diputadas Suemy Fuentes Manrique, Delia Alvarado y los diputados Ariel Germán Cab Robertos, Miguel Ángel Caamal Sosa y Oscar Rolando Sánchez Reyeros. (Con información del Congreso)

RENUNCIA DIRECTORA DE LA POLICÍA TURÍSTICA: DE CANCÚN......

Tras casi un año de ineficacia al frente de la Policía Turística, la mañana de este jueves la funcionaria Bibian Castillo Dzul presentó su renuncia ante las autoridades del Ayuntamiento de Benito Juárez.

Aunque no se dio a conocer de forma oficial, se espera que desde hoy viernes esta situación se hace efectiva, por lo que se desconoce quién quedará provisionalmente en el cargo.

Fuentes al interior del Ayuntamiento de Benito Juárez informaron que la mañana de este jueves la funcionaria Bibian Castillo Dzul se presentó ante el presidente municipal, Paúl Carrillo de Cáceres, para entregar formalmente su renuncia al cargo de directora de la Policía Turística.

Aunque no se informaron las razones, se dijo que esta renuncia tomaría efecto desde las primeras horas de hoy viernes, por lo que las autoridades aún tendrían que decidir quien queda provisionalmente.

Castillo Dzul tomó este cargo el pasado 7 de agosto del 2015, cuando Martín Estrada Sánchez, quién ocupaba dicho puesto, renunció para ser promovido como el encargado de la policía en el municipio de Solidaridad.

Los movimientos de cargos se realizaron porque el comandante Rodolfo Del Ángel Campos fue nombrado subsecretario a nivel estatal.

Durante su “muy corta administración”, Castillo Dzul se dedicó a tratar de posicionar a la dependencia mediante videos en las redes sociales, sin embargo, dejó que la delincuencia de alto impacto aumentara de forma considerable.

Se supone que la corporación policiaca a cargo de Bibian Castillo Dzul tenía la encomienda de guardar el orden en la zona de playas, proteger al turista y ser parte de un esquema de seguridad integral.

Sin embargo, la Policía Turística es todo lo contrario. Envuelta en corrupción y delincuencia organizada, la dependencia policiaca operaba bajo intereses particulares y puso en riesgo la imagen de seguridad del principal destino turístico del país.

A esta grave omisión se le suman dos ejecuciones a plena luz del día en dos de las playas más importantes del Bulevar Kukulkán, una cometida hace apenas dos semanas y la otra hace un mes.......

:Benito Juárez Noticias Cancún

LA HISTORIA DE ISAIAS CAPELINE Y SU AMARGO FINAL

Isaías Capeline Lizárraga, Director de Gobernación acribillado en compañía de uno de sus escoltas de nombre Ángel Casillas en la ciudad de Cancún, fue una de las personas señaladas de realizar guerra sucia en contra de un buen número de políticos en las pasadas elecciones, así como de empresarios, comerciantes e incluso policías, por lo que no se descarta que su ejecución se encuentre relacionada con el narcotráfico y delincuencia organizada.

La historia del hoy ex Director de Gobernación en el Estado se remonta a su padre, don Isaías Capeline, alias “Capelo”, quien murió a los 75 años de edad reconocido como una persona carismática y fue  un elemento de la Policía Estatal Preventiva (PEP) durante el sexenio del primer Gobernador, Jesús Martínez Ross, donde se ganó la confianza de un buen número de políticos y empresarios a los que les cuidaba sus casas, negocios y familias, e incluso les llevaba el periódico todos los días.

Comerciantes como don Norman Angulo Mcliberty, Abraham Farah Wejeve y Johnny Baroudi Estéfano, le tomaron gran estima, ya que constantemente se le veía pasear por la avenida Héroes con su guayabera, pantalón de casimir y zapatos tipo mocasín, además de su pañuelo rojo con su pistola calibre 38 abastecida, con la que se daba a respetar, pero al mismo tiempo era apreciado ya que así como se le veía vigilando en el centro de la ciudad, también le gustaba entrar a convivir y tomarse una cerveza en el Mar Caribe.

Esto valió para que uno de sus hijos, Isaías Capeline Lizárraga, lo empezara a admirar y tratar de imitarlo, por lo que fue así como primeramente terminó de estudiar el bachillerato, posteriormente destacó como basquetbolista por su altura de un metro 85 centímetros, y gracias a su padre fue que primeramente ingresó como Director de la Comisión para la Juventud y el Deporte en Quintana Roo (COJUDEQ), seguidamente debido a las recomendaciones de su progenitor fue dirigente de la Federación del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

Bajo la sombra de su padre llegó ser síndico municipal, sin embargo, ante los casos de corrupción y abuso de autoridad de los que fue acusado a su paso por estas dependencias se determinó mantenerlo en la lista de espera, aunque seguía cobrando un jugoso sueldo por aprecio a su progenitor, quien falleció víctima de un paro cardíaco hace aproximadamente ocho años.

Capeline logró salir de la congeladora y colarse de nueva cuenta en la política durante los últimos cinco años, donde llegó a tener cargos jerárquicos como Director de Gobernación con altos salarios y privilegios.

Capeline (6) Restaurat inaugurado por el Gobernador del EstadoSu muerte llegó a los 64 años de edad, tiempo en el que estuvo casado en tres ocasiones procreando 12 hijos, con 14 nietos y 3 bisnietos. Una de sus últimas apariciones públicas, en su faceta de empresario, fue cuando inauguró un restaurante de comida rápida en la avenida Maxuxac de la colonia Solidaridad, con una inversión de 600 mil pesos en donde estuvo presente el Gobernador del Estado, Roberto Borge Angulo.

Se pudo establecer que el hoy ex-Director de gobernación había recibido en múltiples ocasiones amenazas de muerte por realizar trabajos de espionaje a partidos políticos, dirigentes, activistas, personas relacionadas con el narcotráfico, delincuencia organizada y policías, por lo que en su momento se hizo acompañar por dos ex-comandantes de la Policía Judicial del Estado que responden a los nombres de Everardo Castro Colorado y Mario Fernando Lira Manzanero.

Familiares y amigos del hoy occiso que tienen sus domicilios en zonas de alta plusvalía se niegan a realizar comentario alguno sobre estos hechos, sin embargo existe temor de que se pueda atentar en contra de sus vidas como sucedió con Isaías Capeline Lizárraga, conocido chetumaleño quien quiso seguir los pasos de su padre, sin saber que en el intento perdería la vida

POR OTRA PARTE QUE OPINAN DE LA MIRADA DE BORGE

Al enterrar a ‪#‎Capeline‬ Borge enterró también muchos secretos de sus corruptelas 

AGUAKAN...PASO A PASO LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA

LOS PAPELES DE AGUAKÁN 

En sólo 38 días y a cambio de 1,055 mdp, Borge vendió a DHC el futuro de 3 municipios de QR; después de año y medio, no hay pistas del dinero recibido

Publicado en julio 1, 2016 en Cancún, Gobierno, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Quintana Roo, Solidaridad

Los papeles de Aguakán y Roberto Borge, gobernador de Quintana Roo. 

PLAYA DEL CARMEN, MX.- Roberto Borge sólo necesitó dos días para darse cuenta que era un gran negocio. Dinero fácil y rápido.

Sólo dos días para avalar la ampliación de la concesión del servicio del agua potable en Isla Mujeres y Cancún y la privatización del agua en Solidaridad, todo a favor de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (DHC), mejor conocida como Aguakán, ambas empresas subsidiarias de Grupo Mexicano de Desarrollo, un influyente corporativo presidido por Jorge Ballesteros Franco.

Inauguración del nuevo edificio de Aguakán en Playa del Carmen. Y todo hasta el año 2053, cuando el joven gobernador, que está por terminar su mandato, si aún está vivo, esté por cumplir los 74 años de edad. Un negocio transexenal, por mucho.

El 10 de noviembre del 2014, la empresa puso sobre la mesa su propuesta: A cambio de la concesión solicitada, el gobierno de Roberto Borge recibiría de inmediato un pago único de mil 55 millones de pesos, y el compromiso de pagar a CAPA, cada año por el tiempo que dure la concesión, una contraprestación variable por el usufructo en los municipios de Isla Mujeres, Cancún y Solidaridad de apenas una fracción de los ingresos del servicio privatizado.

Y después de dos días, el 12 de noviembre del 2014, Borge puso en marcha la maquinaria del Estado para aprobar todo lo que había que aprobar para la entrega de la concesión.

Borge, por supuesto, no informó al pueblo, no dio a conocer de qué se trataba la propuesta, ni explicó cuáles serían los hipotéticos beneficios y en que se usaría el dinero que recibiría. No podía, la propuesta resultaba indecorosa. Por ello, incluso, trató de ocultar hasta lo inocultable para que los quintanarroenses no se enterara que un bien público y vital, como es el agua, al menos en estos tres municipios, estaba por convertirse en algo privado.

Y por supuesto, Borge Angulo no actuó solo.No actuó solo, pero tampoco enfrentó oposición alguna y todas las instancias involucradas en el proceso legal de la privatización del agua, una a una, dieron obedientes su anuencia.

En el inicio del proceso de privatización, cuando el tema fue abordado en la sesión del Consejo de la CAPA el 12 de noviembre, varios funcionarios de su gabinete y todos los presidente municipales en funciones aprobaron el acuerdo. Después le siguieron los cabildos de los tres municipios directamente involucrados y los diputados de la XIV Legislatura de Quintana Roo.

Cumplido el plazo marcado en el calendario, Borge cumplió su palabra con la empresa y entregó la nueva concesión, ampliada y enriquecida, en un tiempo récord de sólo 38 días. Y ese mismo día recibió el pago de mil 55 millones de pesos que, hasta el día de hoy, en toda esta historia de ocultamiento y opacidad, no se sabe bien a bien a dónde fue a parar porque al menos en CAPA, la supuesta beneficiara inmediata, ese dinero no se quedó.

Hoy, con documentos inéditos que hasta hace unas semanas permanecían bajo llave alcance de sólo un puñado de funcionarios de alto nivel, se cuenta por primera vez, paso a paso, todo el proceso de la privatización del agua en Isla Mujeres, Cancún y Solidaridad en una concesión que estará vigente hasta el año 2053, en lo que también podría llamarse la mayor historia de la corrupción del gobierno borgista hasta hoy documentada.

Al final de la revisión de todo el expediente, queda la certeza de que el gobierno de Borge no sólo ha malbaratado el patrimonio del estado, sino que hipotecó el futuro de la mayor parte de la población de Quintana Roo tan sólo con este negocio planchado en apenas 38 días. Todo un récord.

'Sonríe', publicidad de Aguakán en Playa del Carmen, el municipio cuyo servicio de agua fue entregado por Borge a la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún a partir del año 2014 y hasta el 2053.‘Sonríe’,

LA PRIVATIZACIÓN, DOCUMENTADA PASO A PASO

El 10 de noviembre del 2015, la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V. presentó la primera propuesta integral en donde planteaba la petición de ampliar de manera anticipada la concesión de Aguakán en los municipios de Isla Mujeres y Benito Juárez hasta el año 2053, así como incluir por primera vez a Solidaridad dentro del esquema de concesión por el mismo periodo.

El documento, que al calce tiene la leyenda de que “es estrictamente confidencial y no puede distribuirse a persona alguna distinta a las mencionadas en el mismo”, está firmado por José Antonio Salazar Guevara y Paul Andrew Rangel Merkley, en ese momento apoderados legales de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V., y está dirigido al “H. Gobierno del Estado de Quintana Roo”, a los “municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad”, y al “Consejo Directivo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado”.

En el documento se revela, por primera vez, la propuesta económica que hace la empresa al gobierno a cambio de quedarse con la concesión del servicio en Solidaridad y los beneficios que supuestamente obtendrían con la ampliación de la concesión en Isla Mujeres y Solidaridad.

La propuesta fue inmediatamente atendida por el gobierno de Roberto Borge, quien convocó al Consejo de la CAPA para aprobar la privatización del agua, sin cambios a lo planteado por la empresa y también sin cuestionamientos.

Y apenas dos días después de haber recibido la propuesta de Aguakán, sin mayor análisis, reflexión y menos consulta ciudadana, el Gobernador Borge realizó el 12 de noviembre en la ciudad de Chetumal la segunda sesión extraordinaria del Consejo Directivo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado para aprobar la iniciativa privatizadora.

En la reunión estuvieron presentes el propio Roberto Borge, el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Mauricio Rodríguez Marrufo; Juan Pablo Guillermo, secretario de Finanzas y Planeación; además de la Oficial Mayor del Gobierno del estado, Rosario Ortiz Yeladaqui; Gonzalo Abelardo Herrera Castilla, secretario de la Gestión Pública y comisario de la CAPA; y por supuesto, Paula Guadalupe González Cetina, directora de la CAPA.

Así también estuvieron los 10 presidentes municipales, todos priistas, integrantes del Consejo de CAPA: Eduardo Espinosa Abuxapqui, por Othón P. Blanco; Fredy Efrén Marrufo Martín, por Cozumel; José Mauricio Góngora Escalante, por Solidaridad; Paul Michel Carrillo de Cáceres, por Benito Juárez; Juan Manuel Parra López, por José María Morelos; Gabriel Carballo Tadeo, por Felipe Carrillo Puerto; Agapito Magaña, por Isla Mujeres; David Balam Chan, por Tulum; Luciano Sima Cab, por Lázaro Cárdenas; y José Alfredo Contreras Méndez, por Bacalar.

Hay que remarcar que en esta sesión todos los participantes acordaron por unanimidad ampliar la concesión de Aguakán en Isla Mujeres y Benito Juárez e incluir a Solidaridad en el título de concesión, todo conforme con lo que pedía la empresa, hasta el año 2053.

Tras la aprobación ‘fast track’ en el Consejo de la CAPA, el 5 de diciembre del 2014 el Ejecutivo, la CAPA y la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún firmaron un contrato en el que queda asentado que la concesionaria pagaría al gobierno de Quintana Roo una cantidad extraordinaria de mil 55 millones 999 mil 962 pesos como contraprestación única al concluir con el trámite de la privatización del agua, pactado “a más tardar” para 18 de diciembre de ese mismo año.

Este documento fue firmado por Juan Pablo Guillermo Molina, secretario de Finanzas y Planeación, en representación del Poder Ejecutivo de Quintana Roo, así como por Paula Guadalupe González Cetina, como directora general de la CAPA, así como por los representantes legales de la empresa DHC, Paul Andrew Rangel Merkley y Diego Ramos González de Castilla.

Después de la firma del contrato entre el Ejecutivo, CAPA y la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakán), lo siguiente fue formalizar la privatización del servicio del agua potable en las siguientes instancias de gobierno involucradas en una decisión de este tipo, es decir, primero en los respectivos Cabildos de los ayuntamientos involucrados y luego en el Congreso.

Puro trámite, pues.

Así las cosas, el 6 de diciembre del 2014, el Ayuntamiento de Isla Mujeres realizó la VIII sesión extraordinaria de Cabildo presidida por el alcalde Agapito Magaña, en la que se aprobó por votación unánime la propuesta de ampliación de manera anticipada de la concesión de Aguakán hasta el año 2053.

DOCUMENTO: [Sesión Extraordinaria Privada de Cabildo del Ayuntamiento de Isla Mujeres]

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El 8 de diciembre del 2014, el Ayuntamiento de Benito Juárez, con Paul Carrillo al frente, realizó la XII sesión extraordinaria de carácter privada en la que se aprobó por mayoría la propuesta de Aguakán, con los dos únicos votos en contra de la regidora perredista Nadia Santillán Carcaño y del regidor petista Alejandro Luna López.

El 8 de diciembre, el Ayuntamiento de Solidaridad, encabezado por el alcalde Mauricio Góngora, también registró en su XII sesión extraordinaria de Cabildo la aprobación para entregar el servicio de agua potable a la empresa Aguakán en los términos previamente acordados por el Consejo de la CAPA. En esta sesión votaron todos los regidores menos la perredista Laura Beristaín que oficialmente estuvo ‘ausente’.

DOCUMENTO: [Sesión Extraordinaria Privada de Cabildo del Ayuntamiento de Solidaridad]

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Tras la formal aprobación en los Cabildos de Isla Mujeres, Benito Juárez y Solidaridad, en la sesión que inició el 11 de diciembre y que se prolongó hasta la madrugada del 12 de diciembre el 2014, el Congreso de Quintana Roo aprobó por mayoría el Decreto 250 en el que quedó en firme la prórroga y privatización del servicio de agua potable en estos municipios hasta el año 2053.

Adicionalmente, en esa misma sesión, se aprobó el Decreto 249 en el que el Congreso autoriza a CAPA a vender el inmueble histórico que durante muchos años ocupó en la Calle 10 con Calle 6 Norte, en la zona turística de Playa del Carmen.

Además, se aprobó el decreto 251 en el que autoriza a la CAPA a contratar un crédito bancario por hasta 980 millones de pesos.

 El 15 de diciembre del 2014, en el número 114 Extraordinario del Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, se publicó el Decreto número 250 por el que se aprueba prorrogar anticipadamente a su vencimiento la vigencia del título de concesión integral otorgado a Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V.

En el mismo periódico oficial, se publicó el Decreto 251 por que el se autoriza al organismo público descentralizado denominado Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo a contratar uno o varios créditos bancarios o emitir certificados bursátiles a través de una o varias emisiones.

El 18 de diciembre de 2014, Roberto Borge como gobernador y los tres alcaldes de los municipios involucrados, Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad, Paul Carrillo, Agapito Magaña y Mauricio Góngora, respectivamente, firmaron la segunda modificación al título de concesión de Aguakán en donde se formalizó en definitiva la privatización del servicio de agua potable, de acuerdo con un documento que Noticaribe ya había dado a conocer con anterioridad.

El 18 de diciembre, la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V. deposita a CAPA, vía una transferencia interbancaria, los mil 55 millones 999 mil 962 pesos acordados en el contrato firmado el 5 de diciembre del 2014.

Adicionalmente, se cuenta con el comprobante fiscal validado por la cantidad reportada.

Sin embargo, aunque en el informe del Poder Ejecutivo sobre el ejercicio fiscal de 2014 aparece un concepto de transferencias otorgadas por poco más de los mil millones de pesos, en el informe de Auditoría de la Aseqroo del ejercicio fiscal 2014 de la CAPA, aparecen ingresos y egresos menores a los 800 millones, pero no se refleja el comprobante fiscal relacionado por los mil 055 millones 999 mil 962 pesos pagados por la empresa al gobierno de Quintana Roo.

El pago de los más de mil millones de pesos también quedó registrada en el Informe de Resultados de la empresa DHC correspondiente al último trimestre de 2014.

Allí, aparece un apartado especifico sobre los pagos anticipados realizado a CAPA para infraestructura, así como la contraprestación única, que aquí se asentó como de mil 79 millones de pesos, y una condonación de las de 235 millones de pesos por concepto del saldo pendiente según la contraprestación pactada antes de la segunda modificación del título autorizada por los Ayuntamientos el 8 de Diciembre.

Tras cumplirse todo este procedimiento, la CAPA y Aguakán realizaron el proceso de entrega-recepción y la empresa consolidó su posición al controlar el servicio de agua potable en tres de los municipios turísticos más importantes de Quintana Roo.

Aguakán ganó y Roberto Borge también ganó. Los únicos que perdieron fueron los quintanarroenses. (Noticaribe)