La Diputada
Independiente Laura Beristain Navarrete expresó su preocupación por la gran
cantidad de residuos que genera el consumo de agua embotellada. De acuerdo a
datos de la International Bottled Water Association (IBWA) se estima que cada
mexicano consume en promedio 234 litros
de agua embotellada al año.
"Esto es un grave
problema ambiental, por la cantidad de residuos que se genera, entre las
botellas plásticas de agua y las de refrescos, además, implica un daño a la economía familiar tener
que comprar agua embotellada, al margen del pago del costoso recibo de agua
potable, porque esta no es apta para consumo humano. Es un atentado a la vida,
a la salud, y a la dignidad cuando tu hidratación depende de una fuente
comercializada, y no es una fuente pública. Es necesario y urgente que los
gobiernos puedan ofrecer el servicio público a sus habitantes, y evitar la
privatización del agua" expresó la legisladora.
Hay barreras
estructurales para que la gente cambie su comportamiento de tomar agua
embotellada a tomar agua de la llave en Quintana Roo; por ejemplo, la presencia
de elementos sólidos en el agua potable, por encima de los parámetros
permitidos por las normas oficiales y por la Organización Mundial de la Salud.
Otra es en materia de infraestructura la carencia de bebederos públicos. En
León, Guanajuato, se ha dado impulso al consumo de agua de la llave y hay
parques en los que se han instalado estos equipos; son pocos los gobiernos
municipales que promueven este tipo de políticas públicas. Por su parte, en la
Ciudad de México existe una ley que obliga a los restaurantes a que
proporcionen agua filtrada de manera gratuita a sus comensales, buscando evitar
que vendan agua embotellada.
Laura Beristain
"la Diputada del Agua" (como ya la han denominado algunos), recordó
que ha presentado al Congreso del Estado muchas iniciativas en materia de agua,
desde la revocación de la concesión de Aguakán en Solidaridad, la exigencia de
cumplimiento de los parámetros de calidad para el consumo humano, la reducción
de tarifas del servicio de agua potable para todo el estado, el exhorto a las
autoridades federales y estatales para la instalación de bebederos en escuelas
y espacios públicos con la recaudación del impuesto a los refrescos, y una
reforma constitucional que garantiza el derecho humano al agua, prohíbe el
corte, suspensión y privatización del servicio de agua potable, protege los
acuíferos e incentiva la captación y uso de agua de lluvia. Incluso esta
reforma constitucional no sólo se encuentra en estudio en comisiones en el
Congreso de Quintana Roo, sino que además, Laura Beristain, la ha presentado a
sus homólogos de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del
Estado de Yucatán, quienes también se han visto congratulados con esta reforma.
Volviendo al tema que
nos ocupa, la necesidad de consumir agua embotellada genera un incremento al
costo de un producto de primerísima necesidad, del cual depende la vida y la
salud de las personas, mientras un litro de agua embotellada en promedio cuesta
entre 8 y 10 pesos dependiendo de la marca, un litro de agua de la llave cuesta
0.01823 centavos (de acuerdo a datos de la CONAGUA el precio en Quintana Roo es
de 18.23 pesos por M3 -es decir, mil litros-).
La mala calidad del
agua potable tiene consecuencias, se estima que en promedio el mexicano gasta
500 pesos o más de manera mensual en botellas y garrafones de agua, lo que
supera tres por ciento de sus ingresos, que es el monto máximo que una persona
debe invertir en agua potable, según sugiere la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), pero en México, únicamente los hogares que tienen un ingreso
mayor de 18 mil pesos mensuales gastan ese tres por ciento o menos. El agua
embotellada se popularizó con la llegada del plástico, la venta de agua
embotellada sin gasificar se expandió. En 1992, la empresa de "el agua
ligera" se convirtió en la primera empresa mexicana en embotellar en
plástico el vital líquido para su consumo individual.
Pero en México, el
verdadero boom coincidió con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y
Canadá, que facilitó el ingreso de las transnacionales.
Laura Beristain
recordó "en la década de los 90, la publicidad de las embotelladoras de
agua resaltaba la calidad y pureza de sus botellas y garrafones, e incluso,
pedían estar atentos a los sellos de garantía y seguridad, mientras que el agua
de la llave generaba desconfianza y las autoridades de salud hacían campañas
para hervirla o clorarla antes de beberla, a eso se sumó la falta de inversión
en infraestructura hídrica para garantizar la prestación de un servicio público
de calidad. De esta manera, el agua que sale de las tuberías fue confinada a
tareas domésticas y la demanda por el agua embotellada crecía, por ello en la
actualidad además de las grandes corporaciones, hay más de siete mil
microempresas mexicanas que se dedican a la purificación y embotellamiento de
este líquido, es todo parte de la política neoliberal que han adoptado los
gobiernos mexicanos en los últimos 30 años, el agua se ha convertido en un
negocio, y por tal razón quieren privatizar hasta el agua de la llave".
