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lunes, 28 de marzo de 2011

NOSOTROS SOMOS LA CAUSA DE LO QUE ESTA SUCEDIENDO

FILANTROPOS SOBRE LA SOCIEDAD (LAS TELEVISORAS SE APROPIAN DE LAS IDEAS)

UNA INICIATIVA MAS DE ANESTECIAR AL PUEBLO

EL CIRCO DE LA INICIATIVA MEXICO

LA VISION VARELA

LO NEGRO DE LICHA RICALDE

CONSTE!


+ Abuso de poder, acciones poco claras e impunidad de la futura presidenta

+ Recuento de su paso por el Registro Agrario y la alcaldía de Isla Mujeres

+ El general Villa sigue en el escándalo, y Roberto Borge no dice si lo sostendrá

Por CARLOS CANTÓN ZETINA*

carlos_cantonz@hotmail.com

Licha tiene cola…

Es “el orgullo de mi nepotismo”, dijo el presidente José López Portillo refiriéndose a su hijo José Ramón, a quien nombró subsecretario de Estado, en una célebre frase que acuñó con ingenio y cinismo.

Para el presunto perredista Julián Ricalde Magaña, quien el 10 de abril tomará posesión como alcalde de Cancún, es su hermana Licha el “orgullo de su nepotismo”, y fue la primera a quien dio nombramiento: presidenta del DIF municipal.

Sin embargo, la conspicua panista Alicia Concepción Ricalde Magaña --el mismo día será relevada como alcaldesa de Isla Mujeres— trae consigo una estela de corrupción, abuso de poder, prepotencia e impunidad. Lo mismo a su paso como delegada del Registro Agrario Nacional (RAN) en Quintana Roo que en su desempeño como edil.

En su último informe de gobierno, el sábado 19, dijo que se iba con la frente en alto y las manos limpias. Más aún: “Vine a servir, no a servirme”.

Lo cierto es que deja Isla Mujeres en medio de descalificaciones, exigencias de juicio político y las acusaciones específicas como las de que se enriqueció ilícitamente y de que sirvió a los intereses de hoteleros e inversionistas españoles.

Incluso corre el peligro de que, cuando concluya su gestión, se gire orden de aprehensión en su contra y se le entable juicio político. Tendrá que afrontar procesos penales. Su hermano Julián deberá dedicar mucho tiempo --y recursos-- para protegerla y defenderla de los reclamos pendientes. Aunque, en rigor, la suerte de la aún alcaldesa depende del gobierno estatal que encabezará el priista Roberto Borge Angulo a partir del 5 de abril. Eso explicaría la proclividad a respaldar al PRI demostrada en los últimos meses por el presidente municipal electo de Benito Juárez (Cancún); incluso, ya nombró como Tesorero a un militante del tricolor.

Y no hay visos de que el sucesor de Licha en el ayuntamiento isleño, el también panista Hugo Sánchez Montalvo, vaya a investigar las acusaciones. Fue impuesto por ella…

Apenas el pasado 17 de marzo, Jesús Cahum Mex, presidente de la cooperativa “Pescadores de Río Chac”, recordó que unas 90 personas fueron despojadas de sus predios por la alcaldesa; habría ordenado borrarlas del padrón catastral y del registro de la Tesorería municipal para que no pudieran reclamar. La razón, denunció, “es porque ella quiere esas tierras de gran plusvalía para llevar a cabo sus negocios personales”.

Cahum añadió: “Nos cerró la cooperativa porque no accedimos a retirar las demandas en su contra. Nos obligó a pagar a la Tesorería 33 mil pesos por ‘multa’. Y nos ha acusado falsamente de ser ladrones, arribistas y hasta ratas. Puro maltrato para el gremio”.

Exigió al Congreso del estado inicie juicio político contra Ricalde Magaña, a quien acusa de que con los cambios de uso de suelo que impulsó “nos arrebató varias playas donde realizamos nuestra actividad pesquera”.

El 24 de noviembre pasado, la Asociación de Posesionarios, Propietarios y Colonos de la Zona Continental formuló una demanda penal y también pidió a los diputados locales entablar juicio político contra la munícipe, por presunto abuso de autoridad. Igual medida solicitó para los regidores de Isla Mujeres y varios funcionarios, sobre todo la directora de Desarrollo Urbano, Mayra Socorro Ayala. Los integrantes de tal agrupación igualmente fueron quitados de la lista de contribuyentes, y en junio de 2010 pretendieron hacer modificaciones al Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Ciudad Mujeres (PPDU), en la zona continental, donde se construiría un complejo turístico hotelero. Los colonos aseguran que Licha “ya negoció esas tierras para entregárselas a inversionistas extranjeros”.

Esas denuncias son ya supervisadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que ha emitido dos recomendaciones a la Ricalde Magaña pero no las atiende. Son 36 quejas interpuestas ante esa instancia desde diciembre de 2009. Posesionarios y colonos de la región de los cayos en la zona continental de Isla Mujeres (es decir, la parte que está en tierra firme y que colinda con Cancún) son los reclamantes. Al ser ilegalmente eliminados del padrón de contribuyentes, se les negó el pago del impuesto predial.

Tal situación fue calificada por la CEDH --que preside Enrique Norberto Mora Castillo-- como actos y faltas de la administración pública que violentan el derecho de la legalidad y seguridad jurídica. Pero la presidenta municipal se ha mantenido firme en su postura de desconocer el reclamo de pescadores, bajo el argumento de que los terrenos en disputa “se ubican en los cayos y que éstos son propiedad de la Nación”. Entrevistada el sábado 19, restó importancia a la nueva

En la más reciente de las recomendaciones, girada el 15 de marzo, la CEDH les da la razón a los posesionarios, pescadores y padres de familia. Le pide a la alcaldesa reincorporar al padrón catastral a los 36 posesionarios de la zona continental, a quienes se dio de baja luego de que el Cabildo aprobó la iniciativa presentada por Licha. También le pide sancionar al Tesorero Municipal, Faustino Ulicab Alcocer y al director de Ingresos, Jarvin Velázquez. Nada de eso ha ocurrido.

Entrevistada el sábado 19 de marzo, la presidenta municipal restó importancia a la nueva recomendación del ombudsman: “existió un punto de acuerdo, mi Cabildo lo ordenó y hoy en día el caso está en tribunales… más que de Licha Ricalde, es una acción de gobierno”.

El visitador adjunto de la comisión en la isla, Roger Mauricio Barboza Vega, lamentó la indolencia de la funcionaria y afirmó: “Ella sabe bien que se incurrió en actos que constituyen violación de las garantías individuales… no está facultada para tomar medidas sobre eso”.

(Alicia promovió una iniciativa que aprobó el Cabildo XLI en la cual solicitaba la desincorporación de ese grupo de personas del padrón catastral; se “olvidaron” de notificar a los quejosos. La Sala Constitucional del Poder Judicial anuló la sesión en virtud de que se violentaron los derechos constitucionales de los afectados).

Otra irregularidad de la hermana de Julián: logró que le aprobaran el Plan de Desarrollo Urbano (PDU) que, entre otras aberraciones, permite la construcción en los próximos 15 años de unos 75 mil cuartos de hotel en la zona continental de Isla Mujeres. Con esto violentó el Programa Estatal en ese rubro, el cual señala que en la región sólo pueden ser edificados 20 mil cuartos más.

También están los reclamos de dos empresas publicitarias en contra de Licha, por deudas que contrajo durante su fallida campaña a la gubernatura en 2010, y que ascienden a más de 750 mil pesos. La empresa Cinépolis demostró por medio de facturas que ella contrató servicios por más de 400 mil pesos en publicidad, y el empresario Luis Flores Villarreal (Bordados y Estampados de Quintana Roo) interpuso una denuncia por la vía mercantil contra la alcaldesa porque no le pagó la elaboración de 6 mil playeras y gorras con un costo de 310 mil pesos. Ella se negó a pagar, y el pasado 10 de febrero una actuaria embargó (en las instalaciones del PAN estatal, en Chetumal) dos vehículos propiedad del partido y varios equipos de cómputo.

En diciembre de 2010, la futura presidenta del DIF en Cancún incurrió en nepotismo --delito castigado por la ley de servidores públicos-- al otorgar a su tío político Oscar Gómez “El Watusi” un contrato para la elaboración de la cena de Navidad de los trabajadores del Ayuntamiento. Más grave fue el hecho de que la comida ¡estaba echada a perder!, por lo que varios empleados fueron internados en los hospitales públicos pero tuvieron que comprar sus medicamentos. En cambio, Alicia y sus hijas fueron atendidas por un especialista particular, y obtuvo medicinas caras con cargo al erario.

Un año antes, el 10 de diciembre de 2009, la alcaldesa exhibió su talante autoritario, cuando agredió verbalmente y amenazó con encarcelar a Manuel Jacinto Chiclin Aguayo, presidente de la Asociación Revolución y Jóvenes de Isla Mujeres. Todo, porque él pedía un cambio de uso de suelo. El día 14 la acusó formalmente ante la Secretaría de la Contraloría del estado, “porque son actos que violentan mis derechos constitucionales”.

Nada hizo el entonces titular priista Francisco Flota Medrano. Interpuso una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia y pidió al Congreso juicio político contra ella.

En contraste, según reveló el diario Respuesta el 23 de noviembre de 2009, Licha le condonó un adeudo por ¡once millones de pesos! al empresario Horacio Martínez Duhart, dueño de la Torre Escénica Promotora, S.A. de C.V. Eso debía al ayuntamiento por concepto de impuestos que no había cubierto desde 2001, por los 21 departamentos que posee y que tienen un valor de 5 millones de dólares cada uno. Pero como Horacio era también secretario del Consejo Consultivo Municipal, encargado de la “consulta popular”, había que quedar bien con él. Claro, se le perdonó el embargo, que por ley se le debió aplicar por su falta de pago. Además de evadir sus obligaciones fiscales, Martínez Duhart era uno de los principales beneficiarios de las asignaciones directas que hacía la alcaldesa respecto a las compras del ayuntamiento.

Como delegada estatal del Registro Agrario Nacional (RAN) formó parte de una “mafia agraria peninsular” que avaló el ilegal parcelamiento de 7.137 hectáreas del Ejido Playa del Carmen, el 24 de marzo de 2002. Principal beneficiario fue el entonces titular del Comisariado, Román Quian Alcocer, hoy alcalde priista de Solidaridad. (Vea usted la columna CONSTE!, RATAS AGRARIAS, del jueves 30 de septiembre de 2010). Anteriormente, en nuestra columna del domingo 29 de agosto de ese año (HOLBOX, BOTÍN DE FÉLIX) denunciamos que Alicia participó en una ilegal operación para convertir en “ejidatario” a Jaime Zetina González en aquella paradisiaca isla quintanarroense, despojando a campesinos.

En Chetumal, el 10 de octubre de 2006, y “por instrucciones del presidente Vicente Fox”, como dicen los documentos, la Ricalde Magaña, en su calidad de delegada del RAN --dependencia del Gobierno Federal-- firmó al menos dos títulos de propiedad mediante el cual se le adjudican a Zetina 4 hectáreas de valiosísimas tierras con playa. Se recurrió incluso a anotar datos falsos, como el decir que éste habitaba en esa zona y se dedicaba a “prestar servicios turísticos”, cuando en realidad vivía en Mérida, Yucatán, donde fungía como Secretario de Fomento Económico en el gabinete estatal de Ivonne Ortega Pacheco, quien lo destituyó luego de que en octubre del año pasado mediomató a golpes a su esposa Janet Peraza Castillo.

Los títulos de propiedad firmados por Licha son el número 1521 (74949 del RAN) y el 1526 (número 74954 del RAN).

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LOS NARCOMENSAJES.- El general retirado del Ejército, Carlos Bibiano Villa Castillo, se ha convertido en una piedra en el zapato para el gobernador electo Roberto Borge Angulo, quien lo nombró secretario de Seguridad pública de Quintana Roo. Primero fueron sus absurdas declaraciones de que mataba a los narcos y después averiguaba. Luego se echó para atrás: en una carta a La Jornada y a Carmen Aristegui dice que no, que nunca ha matado a nadie. Y el martes 22, una persona ejecutada, decapitada y desmembrada fue hallada en la Supermanzana 41 de la ciudad de Cancún, con dos mensajes que supuestamente “Los Zetas” envían al militar. Uno: “Estábamos tranquilos, pero nos despertaron. Atte. FEZ. Este es un regalito para ti. Sigues tú Villa. Z”. Dos: “Chapulines, panucheros, ratas, charoleros, alinéense (sic) ley, si no quieren un Tamaulipas en Cancún. Sigues ustedes. Atte. FEZ”.

Esto ratificaría lo que escribimos en nuestra columna anterior: Bibiano tuvo que ser sacado de Torreón porque “Los Zetas” le pusieron precio a su cabeza. Desde allá lo tienen en la mira.

Y es inexplicable el silencio de Borge. No dice si, a pesar de todo, sustituirá al hablantín mujeriego. Si no lo hace, preparémonos para una cruenta embestida –mayor de la que se ha producido-- por parte de los narcos que podría alcanzar a gente inocente.

BORGE SE EQUIVOCO

+ El general Bibiano Villa, “ajusticiador”, un peligro para Quintana Roo
+ Su nombramiento ¿producto de una negociación con Humberto Moreira?
+ Julián Ricalde intimida a este periodista; ya saldrán a la luz sus desatinos…

Por CARLOS CANTÓN ZETINA*
carlos_cantonz@hotmail.com

Al priista Roberto Borge Angulo, quien asumirá la gubernatura de Quintana Roo el 5 de abril, no le bastaron larguísimos ocho meses (desde que fue electo en julio pasado) para seleccionar cuidadosamente a quien se enfrentará al mayor problema que azota hoy al estado: la inseguridad pública.
Ya está documentado que se equivocó al designar al sexagenario Bibiano Villa Castillo, general retirado del Ejército, como titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP). Es un folclórico, hablantín y prepotente personaje --¿otro ”Greg”?-- que ha expresado su desprecio a la Ley y a los derechos humanos. Dice que su “código de honor” es matar y luego averiguar.
El escándalo internacional del confeso ajusticiador de delincuentes “en caliente” --sin detenerlos ni ponerlos a disposición del MP--, el militar sexagenario y mujeriego --también admitido por él mismo—, coloca en un brete al bisoño gobernador electo: rectificar o “amacharse” en su nombramiento. Su decisión es de suma importancia para el futuro de Quintana Roo. ¿Apostará por la vía del autoritarismo y mantendrá a Villa, o por el contrario, exhibirá sensibilidad y madurez políticas y designará a otra persona?...
Sin embargo, hay un dato que hace previsible que no dará marcha atrás:
Muchas voces en Coahuila se congratulan por la salida del militar pero también aseguran que se trató de una negociación entre el ex gobernador priista Humberto Moreira Valdés y Borge. Éste le habría hecho el favor de sacar a Villa en virtud de que el crimen organizado le puso precio a su cabeza (ya sufrió atentados). El ahora líder nacional del PRI, mediante el programa “Modelo Coahuila” con el que militarizó a las policías estatales y municipales, impuso como Director de Seguridad Pública en Torreón a Bibiano, de quien es gran amigo.
Eso explicaría el apresurado y desaseado nombramiento dado a conocer por Beto Borge, quien pública y reiteradamente ha manifestado su apoyo a Moreira y su adhesión a la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto. Es una fuerte alianza política, están en el mismo carro para el 2012.
En su tardanza por definir quién sería su jefe policiaco, el gobernador electo exhibió la actitud irresponsable del Congreso estatal, que al vapor, sin realizar la indispensable indagación previa, modificó la Constitución local para quitarle los “candados” que impedían que el sobrino-nieto del legendario revolucionario Pancho Villa accediera al cargo. La ley determinaba que debía ser oriundo de Quintana Roo o con una residencia mínima de 5 años, y ser abogado. Reformas “a modo” que privilegiaron al militar mata-zetas y que no se aplican cuando se trata de ciudadanos comunes.
Peor aún, Borge no se apegó a la verdad, les mintió a los quintanarroenses cuando anunció que incorporaba a su gabinete al general Villa. Expresó que en Torreón, Coahuila, donde el militar retirado se desempeñó como director de Seguridad Pública durante catorce meses y medio (desde enero de 2010), “gracias a su labor, los índices de delincuencia disminuyeron en un 50 por ciento”.
Otra es la realidad en Torreón, una ciudad insegura y bañada en sangre, y la prensa coahuilense se encarga de difundirla ahora:
1.- HOMICIDIOS.- El año pasado hubo 364 –uno diario--, más del doble de los 180 registrados en 2009. Y de enero a mediados de marzo de 2011 (todavía con Villa al frente de la policía) ocurrieron 113 homicidios, una tercera parte de todos los registrados en 2010, un promedio de 1.5 al día.
2.- ROBOS.- Sobre todo en cuanto a casas-habitación y a la persona, los índices no bajaron de la fecha en que Villa asumió la jefatura policiaca torreonensa (enero 20110) a la fecha en que salió (15 de marzo 2011). En enero de 2010 hubo 373 reportes de robo, y en el mismo mes de 2011 fueron 388. O sea, aumentaron. En febrero de 2011 fueron 379. Durante la gestión del general, los meses con más robos fueron --el año pasado--: marzo, con 658, y abril, con 659.
3.- ROBO DE VEHÍCULOS.- El 12 de octubre de 2010, Villa admitió que en Torreón el robo violento de automotores tuvo un incremento de 14%. Lo atribuyó al aumento de desempleados, y casi justificó ese delito: “No hay trabajo, hay violencia. Yo robaría el pan para que mis hijos comieran…”
(Al respecto, el “galán” nombrado por Borge también ha mentido. Con desparpajo aseguró --cuando renunció en Torreón-- que en junio de 2010 los delitos “estaban en 780”, pero que para diciembre de ese año sólo fueron 388, “y para febrero de 2011 los bajamos a 178”).
Lo realmente grave es que el bocón militar nacido en Durango sea enemigo de los derechos humanos y manifieste proclividad a hacerse justicia por propia mano, lo que constituye un peligro para esta entidad que es el principal destino turístico del país. Un peligro para sus habitantes y para el millón de turistas que llega cada mes.
¿Cuántos atropellos habrá contra la ciudadanía? ¿En cuántos líos meterá al gobernador? ¿Respetará la autonomía de los ayuntamientos?.

martes, 8 de marzo de 2011

CONSTE! LOS MUERTOS DE MENDICUTI

+ El “camionazo” en el distribuidor vial de Cancún, su responsabilidad

+ Lo construyó con una empresa de su propiedad: ¡57 fallas técnicas!

+ Impunidad total para el ex titular de Sintra; otro puente es un peligro

Por CARLOS CANTÓN ZETINA*

¿A qué se debe el manto de impunidad que siempre ha cubierto al pillo yucateco Gabriel Mendicuti Loria?.

Una de sus nuevas “proezas” tuvo fatales consecuencias, y él sigue tan campante. El domingo 20 de febrero un pesado camión cayó del “distribuidor vial” --en el centro de Cancún-- cuya edificación estuvo a cargo del muy arropado ex titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (Sintra). Descaradamente asignó la obra a… ¡una de las empresas de su propiedad!: Aguila Constructora del Sureste, S.A. de C.V. Y el gasto fue de más de 80 millones de pesos, a pesar de que fue cotizada originalmente en sólo 17 millones.

Tres muertos y 4 heridos graves fue la consecuencia del desplome del vehículo de 3.5 toneladas que, desde varios metros de altura, aterrizó sobre un Vocho en donde viajaba una familia de 7 personas.

¿Y qué le han hecho a Mendicuti?. Absolutamente nada: ni siquiera fue llamado a declarar, ni siquiera se le aplicó una sanción.

El entonces secretario engañó una y otra vez a la ciudadanía. La “obra” no sólo excedió el presupuesto original, sino que tuvo un retraso de dos meses, además de las molestias causadas durante un largo periodo de tiempo a los automovilistas. Con singular alegría, el 18 de octubre de 2008, Mendicuti se jactó de que la construcción avanzaba “en tiempo y forma” y anunció que sería concluida el 16 de enero de 2009. No cumplió su palabra. Y el día 29 de aquel mes, volvió a mentir al asegurar que estaría terminado el 2 de febrero del 2010. Finalmente, el puente --al que pomposamente denominó “distribuidor vial”-- fue inaugurado el 3 de marzo del año pasado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, ya que se hizo con recursos de la Federación.

Tan es sabido que el puente fue fabricado en medio de sospechas de deshonestidad y con hartas deficiencias técnicas --¡56 según el Colegio de Ingenieros!--, que hasta el obispo de Cancún, Pedro Pablo Elizondo, al lamentar la muerte de tres personas, exigió en su sermón dominical que las obras públicas sean “hechas con honestidad, para que sean duraderas y no se vean empañadas por la sombra de la corrupción y el latrocinio (…) para que no se caiga en el pecado de la avaricia y el amor al dinero”. O sea, “Mendicuti el Pecador”…

En esta columna (GABINETE DE BORGE) del 26 de octubre del año pasado, establecimos que el yucateco no debería ser parte del gabinete del próximo gobernador de Quintana Roo, debido a la estela de corrupción e ineficiencia que ha dejado a su paso por dos secretarías en la actual administración estatal. Y añadimos que su ineptitud estaba a la vista, con el mal hecho puente –el supuesto “distribuidor vial”— que comunica las avenidas Rodrigo Gómez (Kabah), Tulum, Colosio y la salida a la Riviera Maya, y el cual adolecía de 57 fallas técnicas.

Esa vez escribimos que “similares anomalías presenta otro puente, en la avenida López Portillo y la Bonampak”, que igualmente fue construido por Mendicuti siendo titular de Sintra en la misma zona céntrica cancunense, y que también es una obra que se “autodesignó” al darle el contrato a su empresa Aguila Constructora del Sureste. Tuvo una inversión de 60 millones de pesos, aportados de igual forma por el gobierno federal.

Respecto a ese paso a desnivel, el ingeniero municipal José Zaldívar Pérez declaró el pasado 1 de marzo que es infuncional y más peligroso aún que el “distribuidor vial”. Con fina ironía le asestó un gancho al hígado de Mendicuti: “No se puede decir que tiene fallas de ingeniería, porque simple y sencillamente la ingeniería no existe” en esa obra.

La ciudadanía paga los platos rotos: ese puente pone en constante riesgo a peatones, muchos de los cuales han sido atropellados. Hay cuatro puntos que son un auténtico caos cada día.

Ya hemos dicho en este espacio periodístico que el gobierno municipal de Mendicuti en Solidaridad (Playa del Carmen) estuvo plagado de ineficiencias y corruptelas. Y que, después, ya como secretario de Infraestructura y Transporte estatal, fue acusado de obtener millonarias ganancias con la especulación de terrenos cercanos a la zona donde se proyecta construir el nuevo aeropuerto, en Tulum.

¿Cuál ha sido la respuesta de Mendicuti a esas denuncias?. ¡El cinismo!, como atribuirlas a “ataques de mis enemigos”. O sea, jamás aceptar responsabilidad alguna.

Lo mismo hizo tras el escándalo provocado por la adjudicación que el ex titular de Sintra otorgó --para la ampliación de la cárcel de Cancún-- a la empresa Safie de Quintana Roo, S.A. de C.V., cuyo propietario era nada menos que Luis Carlos Carrillo Cano, sobrino del peligroso narcotraficante Vicente Carrillo Leyva –y del fallecido Amado Carrillo, “El Señor de los Cielos”--, líder del Cártel de Juárez. Campechanamente, Mendicuti le trasladó la culpa al entonces secretario de Seguridad Pública estatal, Salvador Rocha Vargas.

Pese a su negro historial, el ex alcalde de Solidaridad fue designado por Roberto Borge Angulo como su coordinador de campaña, el año pasado. Él y otro trinquitero, Raymundo King de la Rosa (el de la “licenciatura fantasma”), encabezan por parte del próximo gobernador la comisión de entrega-recepción de la administración estatal. Ambos tienen larga cola, y no son bien vistos por la sociedad.

Esto confirmaría la versión de que Mendicuti le aportó recursos económicos --¡pues si es supermillonario en dólares!-- al entonces candidato Borge, además de que le acercó a sus socios negociantes… y le pegó duro a Carlos Joaquín González en una labor de zapa para que no obtuviera la candidatura del PRI a gobernador.

Don Gabriel es dueño o accionista de otras empresas, además de “Aguila”:

1.-Sacbe Construcciones, S.A. de C.V. Estaría manejada por las hermanas yucatecas María José Alejandra y Claudia Ivette Vallejo Hau, señaladas como prestanombres de Mendicuti.

2.-CICSA, formalmente propiedad de Victor Loria Moguel, pariente de Mendicuti. Mantiene el monopolio de los prefabricados para puentes y desniveles en Quintana Roo.

3.-Block México. Dedicada a la extracción y fabricación de materiales para construcción.

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ABUSO SEXUAL Y VARICELA.- Si a Kalimba se le exoneró, no hay por qué extrañarse de que la Procuraduría de (In) Justicia del estado no actúe contra el prefecto Victor Gustavo Zárate Villanueva y su amasia --y maestra de “Ética y Civismo”-- Nora José Montero, de la escuela secundaria pública Gabriela Mistral, en la Región 237 de Cancún. Zárate abusó sexualmente de una alumna de 16 años de edad. Y junto con la “profesora” llevaron a Mérida a la menor para que abortara, mediante engaños de que sólo le harían un “chequeo”. ¡Un crimen sin perdón!... Y mientras, el gobierno quintanarroense no reacciona con eficiencia ante los 1.017 casos de varicela detectados en el estado; en Cancún son 365. El peligro de contagio en las escuelas es evidente.